bsA [ Rethinking Architecture ]

Cómo se comportan otros colectivos profesionales y empresariales.

Los sindicatos en este país no tienen demasiado buena fama. Ni los sindicatos mayoritarios tipo UGT y CCOO, ni otros como el SEPLA [1] que debido a las graves consecuencias que para el ciudadano tienen sus huelgas, no se han ganado precisamente el cariño de todos nosotros. Lo que comentamos del SEPLA, podemos decirlo también de la Unión Sindical de Controladores Aéreos [2].

Bien, nos encontramos frente a dos colectivos de élite que debido a que tienen una relación contractual directa con las compañías aéreas o con el gobierno plantean una serie de revindicaciones como colectivo bajo el paraguas sindical.

Representantes del SEPLA en rueda de prensa.

Me gustaría también traer además aquí a distintas organizaciones o asociaciones empresariales que defienden sus intereses como colectivo, realizan actividades de lobby, etc. Suelen ser más de negociar en pasillos que de chantajear secuestrando a la ciudadanía mediante huelgas o cierres. Suelen tener acceso a la clase política y suelen negociar bien. Dicho todo esto, podríamos traer más ejemplos, resulta que aquí estamos los arquitectos y nuestras organizaciones colegiales que nos representan, con nuestra propia forma de actuar.

Evaluemos nuestra situación.

Nosotros no estamos contratados por la administración, pero si somos contratados por ella. Me explico, no estamos en nómina porque resultaría muy caro, pero si firmamos contratos de arrendamiento de servicios. La administración nos trata como si fuéramos industriales y no como a profesionales que ofrecen servicios para los que ella nos habilita. La administración NO es una empresa privada y tiene que tener una relación justa con sus administrados que somos sus legítimos propietarios. La administración tiene la responsabilidad de que los ciudadanos puedan resolver sus necesidades edificatorias y urbanísticas con una profesión excelente. Día sí, día también leemos que la educación y la sanidad son fundamentales. Y lo son, pero no lo es menos la calidad de las ciudades y de los edificios que habitamos.

Dónde quiero llegar con todo esto. Es muy sencillo. La administración normalmente contrata por concursos y estos concursos deberían estar regulados mediante una normativa/reglamentación adecuada y justa. Y para ello, no se puede perder de vista que se trata de seleccionar quien va a realizar el trabajo. ¿Por qué no lo hacemos con sentido común?

Y eso está reñido con que se derrochen nuestros recursos materiales y personales…y los suyos -que al final todo salpica como puede observarse en la comunicación del COAVN-, por lo que la clave es “ir concretando”.

Propuestas

En primer lugar, los concursos deberían clasificarse por tipologías para poder buscar en cada tipología el tipo de arquitecto necesario, dándole una importancia razonable a los CV´s. Ya nos hemos quitado un alto porcentaje de arquitectos que no tienen la cualificación necesaria. En segundo lugar, el establecimiento de fases de concurso facilitaría la igualdad de oportunidades y que no se abuse de las horas de trabajo de los participantes. Y por último, se debe cuidar la cantidad de trabajo a presentar, que debería ser la mínima imprescindible en cada fase y se debe ser justo: pagando el trabajo de los participantes si en una última fase se exige una definición exhaustiva y abonando una cantidad en concepto de premio. En otras palabras, ser responsables y preocuparse por no cometer injusticias innecesarias. Seguro que a todos vosotros os están “bulliendo” ideas que van en la misma dirección de las que bosquejo.

Evidentemente el otro punto importante es el pago de honorarios. En esto la administración se equivoca, no somos industriales y la categoría intelectual/calidad arquitectónica del proyecto es necesaria y debe pagarse. Ahí es donde debería tener unas tarifa claras, justas y razonables, para pagar a sus arquitectos, sin pasarse de generosos pero sin abusar de su posición de ventaja negociadora.

Y con esto no digo que no se pueda competir por precio, eso de la baja de honorarios está muy bien para proyectos donde las estética es irrelevante. Ahí si se puede competir por precio, pero no en los edificios que luego tienen que vivir los ciudadanos, usuarios o funcionarios. Por lo tanto, deberían de ir a precio fijo sin competencia posible en cuanto a la propuesta económica. No seria el único caso, por ejemplo los concursos de suelo de vivienda protegida tienen tasado el precio para no comprometer la viabilidad económica de la promoción.

Vale, hasta aquí todos de acuerdo en casi todo, pero ¿quien le pone el cascabel al gato? ¿quien convence a la administración de que nuestra revindicación es justa? Y además ¿quien lo consigue en los tiempos que corren? Quizás fuera sensato pactar un baremo de honorarios y ofrecer un descuento temporal por causa de la crisis.

Hay dos vías que hemos visto al principio de este post. La primera es la negociación como lobby que corresponde liderar al CSCAE y a los arquitectos como colectivo apoyar en bloque, que sin duda es la opción sensata y la que nos corresponde por trayectoria, sin perder de vista la segunda, la acción coercitiva y enviar a negociar a unos tipos con caras como las que se pueden ver en la foto del sepla. Porque como dice el Quijote “hasta aquí hemos llegado amigo Sancho”.

Epílogo.

La profesión de arquitecto de va por el sumidero. Y ya es hora de que los arquitectos tomemos cartas en el asunto. El CSCAE es una organización con recursos muy limitados que no puede hacer de “genio que lo arregla todo”. Ni puede, ni en mi opinión debe. Todos formamos parte de este colectivo y nos toca agruparnos y remar. El papel del CSCAE puede estar en liderar y dar respaldo… y tú, ¿qué opinas?, ¿qué aportas?, ¿qué propones?

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