Estamos asistiendo impasibles al derrumbe de la profesión de arquitecto en España. La arquitectura es algo muy serio para una sociedad y por ello quiero poner por escrito la exigencia de un trato responsable a la profesión de arquitecto. Se han hecho muchas cosas mal desde hace años y ahora es difícil arreglar este desaguisado. Asunto que pasa por cerrar escuelas, por reducir el número de arquitectos -facilitando la salida a otras profesiones- por volver a tener un mercado razonable desde el lado de la oferta. Pero también desde la demanda y para ello necesitamos empezar por la administración.
Quiero que reflexionemos sobre algunos hechos que creo nos pueden ayudar a enfocar correctamente la cuestión. Empecemos haciendo una pregunta: ¿cuando los débiles se unen empiezan a tener alguna opción en su negociación contra los grandes? La respuesta es que casi siempre lo logran y lo demostraremos con un caso. Estos días hay varios colectivos en huelga. Me ha llamado poderosamente la atención la huelga de los productores de leche en Galicia. En el sector lechero se produjo hace ya muchos años una concentración de las empresas que comercializan la leche y que son quienes compran a los productores. Ahora son pocas y muy grandes y eso hace que su poder de negociación sea grande. A más a más, estas empresas venden su leche a las grandes superficies, sector más concentrado todavía y con un poder de negociación que no es que sea grande, es brutal. Lo traigo a colación porque resulta que siendo la relación de fuerzas tan desequilibrada, cuando los ganaderos se unen son capaces de alcanzar un acuerdo que, al menos, mejore sus condiciones y les permita vender por encima del coste.
Hay una segunda cuestión que quiero introducir: ¿cuando la administración quiere proteger algo, lo protege? Resulta que si, que cuando la administración se plantea que se construya vivienda protegida, regula su precio de venta y por ende el precio del suelo. La administración entiende que tener vivienda es un derecho y que debe ser garante de que exista una vivienda con carácter social. Los arquitectos conocemos bien ese negocio de la VP”x” y sabemos que todos los años se negocia el módulo que regula el precio de venta y por ende toda la cadena de valor.
Ese módulo debe ser razonablemente justo para que la vivienda se venda a un precio ajustado y para que exista un beneficio razonable para que siga habiendo empresas que las construyan. Cuando esto no ocurre hay problemas. Recuerdo que entorno al año 98 se había quedado tan bajo -en Navarra- que cuando se hacia el presupuesto para la promoción, los gastos eran mayores que los ingresos. Ello motivó que las empresas del sector, que estaban convenientemente asociadas, negociaran la subida del módulo con la administración foral.
Dicho todo esto, ahora llega el momento de hacer algunas afirmaciones.
La calidad arquitectónica de los edificios de la administración es un bien deseable al que una sociedad desarrollada y que quiere ser medianamente culta no puede renunciar. La arquitectura es arte, es cultura, es memoria colectiva y forma parte de la identidad de las personas y de los pueblos.
La administración no puede hacer que todo un sector sea insostenible, porque en caso contrario se quedará sin arquitectura de calidad. La administración se debe a sus ciudadanos y por lo tanto se debe también a los arquitectos, quienes tenemos ganada esa condición desde el mismo momento en que abonamos nuestros impuestos.
Y como consecuencia de todo ello, afirmo que la administración está moralmente obligada a garantizar que cuando se construyan edificios públicos, éstos se hagan con calidad. Para ello deberá garantizar un precio razonable -pueden tasar perfectamente los honorarios de un proyecto- y unas condiciones de igualdad para los participantes en los pertinentes concursos. Deberemos sentarnos y fijar cuáles son los casos que deben estar protegidos por una ley de concursos específica y cuáles son los casos en los que la contratación puede mantenerse dentro de la ley de contrataciones genérica.
A nosotros -los arquitectos- no toca hacer la de los lecheros, juntarnos y poner el pie en pared. Que nuestros representantes se sienten con los ministerios competentes y negocien y si es necesario acometer medidas de presión, adoptarlas con firmeza. Por si no se entiende claro, hablo de medidas de presión en toda regla. Señores ya va siendo hora de ponernos en nuestro sitio.
Termino este post reivindicativo abriendo el turno de aportaciones. Eso si, recordad que…
2 comentarios
Un par de comentarios, Jose Javier:
1. Para eso es necesario un órgano de representación y no todos tienen fe en el Colegio/Consejo. Estamos tan apaleados que este es buen momento para refundar en asociación, sindicato, club…
2. La comparación con los lecheros tiene un problema: la parte compradora no está concentrada en nuestro caso y por tanto la presión tiene que ser muy dispersa, lo que va en contra del concepto mismo de presión.
Un abrazo.
Javier,
Exactamente, necesitamos una organización eficaz que se preocupe por los intereses de los arquitectos. Para los intereses de la arquitectura deberíamos fomentar fundaciones.
La administración, aunque sean 17 + 1, es un cliente enormemente grande que actúa de una misma manera. Frente a ellas el colegio tiene relativa fuerza y no digo ya el arquitecto que es un ente minúsculo y normalmente se ve atropellado.
No me refiero a las empresas privadas. De todas maneras la relación entre oferta y demanda hace que el poder de negociación esté del lado de la demanda.
Por eso creo que demos empezar por ese cliente que tiene un gran volumen y no sólo eso, sino que también capacidad de regulación del mercado.
Un abrazo y gracias por leernos y por tu comentario